La Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal (Sedesa) reservó hasta por siete años el informe de evaluación que su homóloga federal hizo al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa en el marco del Programa “Hospital Seguro”, luego de la explosión de gas que el 29 de enero dejó cinco muertos y más de 70 lesionados.

El pasado 16 de febrero, el Comité de Transparencia de la dependencia encabezada por Armando Ahued Ortega, resolvió por unanimidad clasificar como “información de acceso restringido en su modalidad de reservada”, el Informe de Notificación de Resultados de la Evaluación Interinstitucional del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa “Hospital Seguro”.

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Según el acuerdo S1E/09/15, emitido en la Primer Sesión Extraordinaria de dicho Comité –en respuesta a la solicitud de información vía transparencia hecha por un particular– el Informe “es parte fundamental” de la Carpeta de Investigación referente a la tragedia y se encuentra en posesión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) “para la debida sustanciación del caso”.

El domingo 1 de febrero en su edición 1996, el semanario Proceso publicó un reportaje sobre el posible incumplimiento de las medidas del Programa Hospital Seguro –iniciativa de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud a la que el gobierno federal y capitalino se sumaron en 2006–, evidenciado durante la tragedia del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

Dicho programa tiene entre sus encomiendas tener “una política nacional de reducción de riesgos que garantice su capacidad de seguir funcionando en situaciones de emergencia”, según el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

Además, enlista al Distrito Federal entre las 21 entidades federativas “de alto riesgo” por el número y tipo de instalaciones en su territorio: 27 hospitales generales y de especialidades y 220 centros de salud.

La investigación incluyó declaraciones de testigos quienes aseguraron que el nosocomio no tenía salidas de emergencia ni protocolos de evacuación. “Es un hospital de cartón”, aseguró el médico anestesiólogo Agustín Herrera.

Ese mismo día, a la una de la tarde, los secretarios de Salud, Armando Ahued, y de Protección Civil, Fausto Lugo, ofrecieron una conferencia para dar detalles del estado de salud de los heridos por la explosión tres días antes.

Lugo García confirmó que el Materno Infantil de Cuajimalpa formó parte del Programa Hospital Seguro.

En su afán de descartar fallas en los protocolos de seguridad y protección civil de las instalaciones, detalló que “como parte de las evaluaciones periódicas del programa, el Gobierno de la CDMX recibió de la Secretaría de Salud federal el pasado 24 de noviembre un dictamen general que consideró el estado del hospital como bueno y con un mínimo de observaciones”.

Sin embargo, el funcionario no aclaró qué tipo de observaciones hizo la autoridad federal. Tampoco mencionó si éstas fueron atendidas y subsanadas ni en cuánto tiempo.

Lo que sí informó fue que ese dictamen ya había sido entregado a la PGJDF como parte de los elementos de “evaluación, investigación y deslinde de responsabilidades” por la explosión en el hospital.

Investigación ¿vulnerada?

De acuerdo con la respuesta que la Sedesa emitió a la solicitud que un particular hizo de ese dictamen vía transparencia de la información, hacer público ese documento significaría “vulnerar” la investigación.

Y expuso cinco motivos:

El primero, dijo, es que “se interferiría en el proceso legal”. Además, se vulneraría la garantía del debido proceso penal y “se pondría en riesgo la efectividad de las investigaciones contraviniendo las reglas de las actuaciones probatorias”.

Como tercer argumento de la negativa, la Sedesa consideró que entregar dicho Informe pondría en riesgo “la persecución de los posibles delitos si los hubiera” pues se podrían hacer “interpretaciones erróneas, fuera de lugar y distantes de las emitidas por autoridad competente”.

Más: ese documento es parte de una instancia “preprocesal en la que se realiza la recabación de pruebas que tienen la finalidad de fundar la decisión del Ministerio Público sobre el ejercicio o no, de la acción penal”.

Y de plano, aseguró que “la publicidad de ese documento no implica una garantía del interés público”, aun cuando el tema ha estado en las primeras planas de los diarios y noticieros de radio y televisión prácticamente desde hace tres semanas, cuando ocurrió la tragedia.

El quinto argumento de la Secretaría de Salud para negar la entrega de la información fue que “el derecho fundamental de recibir, difundir y buscar o acceder a la información, se contrapone con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo e imparcial, al buen nombre” en las instituciones de impartición de justicia.

Es más, aseveró que afectaría “a quienes participan de los procedimientos y pueden entorpecer o minar la eficacia de las investigaciones para “conocer la verdad histórica” de lo sucedido aquella mañana en la delegación Cuajimalpa.

A decir de la Sedesa, “el posible daño que causaría con la divulgación de la misma sería mucho mayor que el beneficio de conocerla”.

Doble discurso

Para las autoridades capitalinas el informe en cuestión vulneraría la investigación que lleva a cabo la PGJDF. Sin embargo, en los hechos, ese discurso resulta contradictorio.

Desde que ocurrió la tragedia, en las primeras planas de los diarios y los principales espacios noticiosos de radio y televisión, el gobierno capitalino se ha enfocado en inculpar a la empresa Gas Express Nieto como única responsable de la tragedia y las víctimas.

Incluso, ha informado sobre el proceso penal que se le sigue al chofer de la pipa, Carlos Chávez, a quien se le tomó declaración aún en el hospital y la juez le fijó un millón de pesos como fianza para enfrentar el proceso en libertad.

El pasado lunes 15, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del GDF interpuso una denuncia civil en el Tribunal Superior de Justicia del DF contra la gasera. El objetivo: que pague todos los daños ocasionados al hospital, al mercado El Contadero y al equipamiento urbano de la zona.

Un día después, el procurador Rodolfo Ríos y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ofrecieron una conferencia de prensa en la que mostraron un segundo video de la explosión y dieron pormenores del peritaje realizado a la pipa de gas. La PGJDF concluyó que la fractura de dos tornillos en la manguera ocasionó la fuga que detonó la explosión.

Más: ese mismo martes, mientras la Procuraduría detallaba parte del peritaje –mismo que también forma parte de la Carpeta de Investigación–, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud decidió reservar hasta por siete años el informe de la evaluación hecha al hospital de Cuajimalpa como “Hospital Seguro”.

Con esa decisión, la ciudadanía no podrá conocer la situación en materia de seguridad y protección civil en que se encontraba el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa antes de la explosión que dejó cinco muertos y más de 70 heridos.

Via: Proceso

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